Este año será el sábado día 9 de octubre, en la Casa de la Cultura de Ademuz.

El precio del tíquet son 10 € e incluye gachas, postre, bebida y café.

Podéis apuntaros en el ayuntamiento o en casa de Amparo (presidenta asociación jubilados)

¡¡Nos vemos el sábado comiendo gachas!!

Los límites de la provincia se han ido modificando desde su inicial configuración

POR ANTONIO TERUEL

La configuración actual del mapa político de España tiene su origen en el proyecto aprobado en el año 1833 por el entonces ministro de Fomento, Javier de Burgos. Han pasado 177 años y, hasta hoy, son muchos los cambios que ha experimentado la situación política, pero los municipios y las provincias siguen siendo las administraciones locales básicas del Estado. Las competencias actuales de estas instancias han variado en relación al momento inicial, pero el hecho de haberse mantenido y adaptado a las sucesivas circunstancias es un indicio de una adaptación social mayoritaria y, sobre todo, de una versátil eficacia. A esto han contribuido las pequeñas modificaciones realizadas en los límites territoriales, sobre todo en los primeros años, y que afectaron en gran medida a la demarcación de Alicante.

España fue dividida en 1833 en 49 provincias, que pasarían a ser 50 con la partición de las Islas Canarias en dos territorios en 1927. El proyecto era en buena medida heredero de otro aprobado en 1822, durante el llamado Trienio Liberal, que apenas tuvo vigencia debido al golpe absolutista que se produjo un año más tarde. En él ya se contemplaba la configuración del antiguo Reino de Valencia en varias demarcaciones, aunque no tres como en la actualidad, sino cuatro: Xàtiva era capital de una provincia que comprendía 12 municipios actualmente pertenecientes a Alicante, desde Beniarrés a Dénia.
Francesc Torres Faus, en su libro "Les divisions territorials de la Marina", explica cómo la efímera provincia de Xàtiva mantuvo un litigio con la de Alicante para intentar desplazar la frontera más hacia el sur e incorporarse más de 20 localidades. Sin embargo, finalmente las lindes iniciales no se movieron y, en cualquier caso, las dos provincias dejaron de existir en 1823. En la división efectuada una década más tarde, el antiguo territorio de Xàtiva quedó repartido entre Alicante y Valencia. Ahora bien, los límites establecidos en un principio no se correspondían con los actuales, ya que los municipios que hoy conforman las comarcas valencianas de la Vall d’Albaida y la Safor fueron adscritos inicialmente a Alicante. Tampoco las fronteras con Albacete y Murcia eran las mismas que hoy en día: Villena pertenecía a la primera provincia, y Sax a la segunda.
El primer cambio se produjo en el otoño de 1836. Por una parte, los partidos judiciales de Albaida, Ontinyent y Gandia fueron incorporados a la provincia de Valencia; asimismo, los municipios de Sax y Villena fueron agregados a Alicante. El geógrafo e historiador Vicente Vázquez, responsable de la Biblioteca Municipal de Sax, cree probable que esta última modificación se produjera gracias a la intercesión del político villenero Joaquín María López, que en ese momento era ministro de Gobernación en el Ejecutivo presidido por José María Calatrava.
Vázquez cree que, además los dos ayuntamientos, "moverían hilos" para su anexión a Alicante, basándose en aspectos como la relación con las localidades vecinas, o el hecho de que tanto Villena como Sax sí habían sido adscritas a Alicante en la división provincial de 1822. En el archivo municipal sajeño se conservan las resoluciones plenarias donde el Ayuntamiento da cuenta de la publicación, tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia como en el de la de Alicante, de los edictos donde se aprobaba el cambio.

Sin embargo, se mantuvo en la provincia de Albacete la villa de Caudete, que hasta el siglo XVIII había sido un enclave del Reino de Valencia en Castilla. Las provincias de 1833 se trazaron en gran medida respetando divisiones administrativas históricas, pero el hecho de que Caudete no fuera incluida en Alicante pudo obedecer, según el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante Juan José Díez, a que en este proyecto se trató de evitar la existencia de enclaves, y esta localidad lo hubiera sido al pertenecer en un principio Villena a Albacete. Sólo se respetaron los más arraigados, o aquellos donde el territorio no constituyera un municipio autónomo. La más importante de estas "islas geográficas" en extensión y número de municipios es el Rincón de Ademuz, perteneciente a Valencia pero rodeado por Cuenca y Teruel.

Juan José Díez considera adecuado que Sax y Villena pasaran a formar parte de Alicante, por dar así continuidad administrativa a un espacio geográfico único. Para el catedrático, "a lo mejor lo caprichoso fue excluirlas de la provincia al principio, basándose en demarcaciones históricas". Con todo, modificaciones como ésta podían tener cabida siguiendo los mismos principios marcados al establecerse la división provincial en 1833, ya que, tal y como señala el experto, además de la vinculación histórica tuvieron un especial peso para fijar los límites aspectos como la orografía y las comunicaciones.
Las lindes definitivas

La provincia de Alicante adquirió su configuración actual en noviembre de 1847. Los municipios de Oliva, la Font d’En Carròs, Rafelcofer, Potries y Villalonga cambiaron su adscripción provincial por la de Valencia. El director del Archivo Municipal de Oliva, Vicent Olaso, sugiere como motivo de este cambio "las relaciones de vecindad" de esas localidades con Gandia, o quizás la intención de lograr un mejor "equilibrio territorial" entre las demarcaciones de Alicante y Valencia. No obstante, es difícil saber los argumentos exactos, al menos en el caso de Oliva, ya que el Archivo fue quemado durante la Guerra Civil.
De cualquier forma, Vicent Olaso incide en la permeabilidad social de la zona como posible factor determinante. Históricamente, la ciudad de Oliva "estuvo tan relacionada con Gandia como con Dénia", lo que da un indicio sobre los problemas que surgirían en su momento para trazar el límite administrativo. En la actualidad, la mayor movilidad de la población ha acrecentado aún más esta interrelación. Además, se trata de un espacio geográfico único, el Marjal de Pego-Oliva, lo que hace que el concepto de límite provincial quede aún más difuminado.

En el extremo sur de la provincia, en cambio, la controversia sobre los límites se ha producido muy recientemente. Entre 2006 y 2009, Pilar de la Horadada mantuvo un enfrentamiento con su vecino murciano de San Pedro del Pinatar, tras la polémica instalación por parte de este último de unos mojones para delimitar su territorio. El Ayuntamiento de Pilar denunció que San Pedro se había anexionado terrenos de forma unilateral. Al estar implicadas dos comunidades autónomas, tuvo que intervenir el Consejo de Estado. Este órgano dictó a favor del municipio alicantino, basándose en un acta de deslinde del año 1756 hallada en el Archivo de Orihuela.

Salvo temas puntuales como éste, la variación de los límites provinciales "no se contempla a día de hoy", según afirma el catedrático Juan José Díez. Entre otros aspectos, destaca el papel "aglutinador" que han tenido la mayoría de estas demarcaciones, y que, "pese a concebirse en un modelo de Estado centralista, han demostrado ser compatibles" con los cambios políticos que han supuesto la aparición de otras administraciones como las comunidades autónomas y las comarcas.

diarioinformacion.com

Alfons Cervera

levante-emv.com

La brecha digital no sólo no se mitiga, sino que crece. Según datos del informe eEspaña 2006, de la Fundación France Télécom, en 2004 el número de hombres que navegaban era el 42,4% del total; ahora es el 46,1%. Por edades, entre los que tienen de 15 a 24 años eran internautas el 75,9%; ahora, el 80,3%. Pero la brecha que más preocupa a las autoridades es la regional: la cifra de internautas que residen en capitales de provincia y las comunidades con mayor renta siguen aumentando a mayor ritmo que zonas menos favorecidas, con lo que la brecha no deja de aumentar: según datos del Instituto Nacional de Estadística de octubre, el número de hogares que dispone de acceso a Internet en Madrid ha aumentado en casi cinco puntos porcentuales (del 45,7% al 50,4%) entre el segundo trimestre de 2005 y el de 2006. Y no es un ritmo que sigan todas las comunidades: en Castilla-La Mancha, por ejemplo, la cifra ha crecido tres puntos (del 27,1% al 30,8%); en la Comunidad Valenciana, uno (del 32,4% al 33,5%); y en Extremadura, incluso ha disminuido (del 23,9% al 23,8).

“Hace unos años”, explica José Cerezo, gerente de análisis y prospectiva de la Fundación France Telecom España, “la distribución era asimétrica, es decir, había comunidades que marchaban muy bien, y otras que no avanzaban tan rápido. Pero ahora, la evolución es bipolar: están la Comunidad de Madrid y Cataluña, y luego el resto”.

“Discriminados”

La situación es aún peor si se observan los datos referidos a la conexión por alta velocidad, la llamada banda ancha: hay 4,5 millones de españoles, que residen en 2.534 municipios, que no tienen acceso a Internet de banda ancha, según la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. “Son 4,5 millones de discriminados”, resume Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI).

Todo esto influye, según Cerezo, en la “desertización de las zonas rurales”. En el Rincón de Ademuz, un hermoso enclave geográfico de la provincia de Valencia pero fuera de sus fronteras (entre Cuenca y Teruel) saben mucho de cifras. El municipio de Castielfabib, por ejemplo, ha perdido 360 habitantes en 10 años y la mitad de la población es mayor de 65 años. Pero atraer a emprendedores empresariales, jóvenes trabajadores o parejas con niños -a éste u otro municipio vecino- es muy complicado si se tiene en cuenta que sólo hay cobertura de telefonía móvil en algunas zonas de la población y que uno no se puede conectar a Internet. Quien se vaya a vivir allí no puede usar banca electrónica, hacer trámites con la Administración, comprar por Internet, bajarse música o películas, chatear con amigos o familiares, ni compartir fotos o recuerdos. La única posibilidad de acceso a la Red en estas zonas aisladas es conectarse vía satélite a precio de oro (hasta 600 euros al mes) o por el llamado “ADSL rural”, que ofrece la mitad de velocidad (512kbps) de la que se puede conseguir habitualmente en una ciudad, y es más cara: la cuota mensual suele rondar los 80 euros, aunque a veces supera los 100. Los habitantes de zonas aisladas tampoco pueden beneficiarse de las ofertas conjuntas de voz, datos y televisión. Eso sin contar la odisea de lograr que un técnico vaya a casa, las tormentas que queman centralitas o las heladas que congelan el módem.

“La infraestructura es lamentable”, confirma Carlos Ramírez Cabañas, ingeniero y agente de desarrollo tecnológico en la zona de Ademuz. Según explica Cerezo, hay una “relación directa” entre el uso de Internet y la infraestructura disponible. En España, hay zonas de orografía complicada y aldeas aisladas y, en el caso del ADSL, la tecnología más común de acceso a banda ancha en España, la calidad de la señal se deteriora cuando el hogar está a más de 1,5 kilómetros de la central telefónica. “Conozco a más de un ingeniero que se vendría a vivir aquí si pudiera teletrabajar, y eso crearía riqueza y empleo, pero para ello se necesitan unos servicios mínimos”, explica Ramírez. Y el acceso a Internet a alta velocidad es, a día de hoy, uno de ellos. Ramírez ha dado clases de uso de la web en la zona, pero está frustrado por “haber enseñado a manejar un camión, cuando sólo podrán transitar por un camino de asnos”.

“No estamos hablando de un capricho, sino de un derecho de todos los ciudadanos, vivan donde vivan”, explica Víctor Domingo. Por eso, la Asociación de Internautas (AI) ha pedido al Gobierno que considere la banda ancha como parte del servicio universal, como la telefonía. Cualquier ciudadano puede solicitar una línea telefónica ya que tiene derecho a ella; la AI quiere que se amplíe esa consideración a la banda ancha en el anteproyecto de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en tramitación.

El Gobierno ya puso en marcha, en junio de 2005, un plan para extender la banda ancha. El propósito era llevar el acceso a alta velocidad a 6,5 millones de españoles en 3.770 municipios de las llamadas zonas objetivo 1 (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia), más Aragón, Baleares y Cantabria. En noviembre de 2006, la cifra se había reducido a 4,5 millones en 2.534 municipios. El Ejecutivo se ha comprometido a “impulsar” la banda ancha para conseguir, antes del fin de 2007, “una cobertura total de la población a precios razonables”. Pero aclara, en la página oficial bandaancha.es: “El acceso a la banda ancha no es un servicio universal, por lo que a la finalización de este programa la cobertura de cada núcleo de población no será del 100%”.

El pais.com